Blog de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional - SPDI

Pronunciamiento

Comunicado de la SPDI sobre el Dictamen de Ley que interpreta el artículo 71° de la Constitución

Escrito por spdi 04-07-2019 en Pronunciamiento. Comentarios (0)


Invita a la reflexión y análisis el hecho que la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Congreso aprobara un dictamen de ley que “interpreta” el artículo 71° de la Carta Magna, cuando este artículo, de por sí, es muy claro.

El artículo 71° de la CPP establece: “En cuanto a la propiedad, los extranjeros, sean personas naturales o jurídicas, están en la misma condición que los peruanos, sin que, en caso alguno, puedan invocar excepción ni protección diplomática. Sin embargo, dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho así adquirido. Se exceptúa el caso de necesidad pública expresamente declarada por decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros conforme a ley”.

Con ese dictamen del Legislativo, se interpreta que la prohibición de adquirir o poseer tierras en dichas zonas “se refiere a tierras rurales, dedicadas a la agricultura, ganadería, minería u otros usos de calificación distinta a las zonas urbanas”. Con esa redacción diferenciadora entre tierras rurales y tierras urbanas, permite que las áreas urbanas ubicadas dentro de los cincuenta kilómetros de las fronteras “sí pueden ser materia de propiedad, posesión o de inversión por extranjeros, sean personas naturales o jurídicas”.

Asimismo, es relevante recordar que en el 2009 el Tribunal Constitucional se pronunció sobre el particular: “… este Colegiado determina que del tenor de la disposición constitucional se desprende que la prohibición comprende cualquier predio, tanto predios rurales como urbanos. Esto es así por cuanto: (i) La preservación del bien constitucional Seguridad Nacional (artículo 44° de la Constitución) exige tomar en cuenta que las zonas de frontera son las más susceptibles de ser afectadas por una invasión extranjera, la cual podría ser realizada de modo indirecto mediante la adquisición de terrenos en la zona por parte de extranjeros, en atención a lo cual requieren de una protección especial. Así, se justifica la restricción del derecho de propiedad a favor de la optimización de otro bien jurídico de relevancia constitucional, como lo es la Seguridad Nacional, que está directamente relacionada con la preservación de la soberanía del Estado…”.

De modo que nuestra Carta Magna prevé -en base a las experiencias bélicas vividas en los siglos XIX y XX- que en caso de un conflicto fronterizo, la faja de frontera esté bajo total e irrestricto control nacional sin que, eventualmente, los extranjeros (sean personas naturales o jurídicas) asentados en zonas de frontera, puedan hacer daño al Perú tolerando al enemigo, permitiendo el espionaje o participando de la agresión, fundamentándose en los derechos adquiridos en tales zonas.

Es claro que nuestra Constitución no hace distinción entre tierras urbanas y tierras rurales, tal como se propone en el Dictamen del Legislativo. Plantear esa diferenciación sería contraria a la racionalidad de la exégesis jurídica de la Carta Magna. No puede distinguirse donde la ley (en este caso, la Constitución) no diferencia. Mediante esa iniciativa legislativa, no puede, pues, recortarse el alcance de una prohibición establecida en la Constitución.

Lima, 2 de julio de 2019

(Imagen de: https://peru21.pe/politica/controversia-frontera-chile-proyecto-90043 )

PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL PROCESO PARA DESIGNAR A MIEMBROS DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA

Escrito por spdi 27-05-2019 en Pronunciamiento. Comentarios (0)

SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO INTERNACIONAL

PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL PROCESO PARA DESIGNAR A MIEMBROS DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA

Error e imprecisión en la Prueba de Conocimientos para designar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia

La Sociedad Peruana de Derecho Internacional (SPDI) por mandato de sus estatutos tiene como uno de sus objetivos el “…discutir las cuestiones de Derecho Internacional […]esforzándose en resolverlos de acuerdo con los principios generales universalmente aceptados[…]”. Asimismo, subraya su carácter de institución de promoción intelectual especializada en los asuntos del derecho y de las relaciones internacionales ajena a cualquier filiación partidista.

Dentro de ese marco, la SPDI ha tomado nota, con preocupación, del contenido y posibles respuestas de una de las preguntas contenidas en la prueba de conocimientos a que fueron sometidos los candidatos a integrar la naciente Junta Nacional de Justicia, pregunta que está referida a un tema de nuestra especialidad institucional.  En este contexto y honrando nuestro compromiso cívico y al bien ganado reconocimiento que nuestra institución ha ido conquistando tanto internamente como internacionalmente a lo largo de más de una centuria, creemos necesario pronunciarnos públicamente sobre dicha pregunta y sobre las opciones de respuestas ofrecidas a los candidatos sometidos a tal prueba.

TEXTO COMPLETO DE LA PREGUNTA DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS:

El meollo de nuestra preocupación radica en que la pregunta en cuestión fue:

“En cuanto al control de convencionalidad  dentro del marco del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, no existe acuerdo en la doctrina para considerar como parámetro de control a:

C. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

D. Las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Sobre el particular, creemos necesario observar que la mencionada pregunta carece de pertinencia a la luz del perfil requerido para ocupar el cargo de Miembro de la Junta Nacional de Justicia. Y, sobre la cuestión de fondo, observamos que la respuesta señalada como correcta por la Comisión de Selección, la “C.”, resulta equívoca por cuanto la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre no tiene la naturaleza jurídica de una convención o tratado, sin perjuicio que se le reconozca determinado nivel de obligatoriedad internacional, de modo que mal podría estar sujeta a un mecanismo de control que, por su propia denominación y por su naturaleza, corresponde exclusivamente a convenciones o tratados y no a declaraciones.

De otro lado, estimamos que una eventual discusión sobre la consideración de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre como uno de los instrumentos pasibles de control de convencionalidad resulta además fútil, pues todos los derechos por ella reconocidos han sido incorporados y desarrollados con mayor precisión por los tratados regionales sobre derechos humanos, cuya naturaleza vinculante y obligatoria está fuera de cualquier cuestionamiento. 

En tal orden de ideas, consideramos -de acuerdo a nuestro mejor criterio especializado- que la referida pregunta admite como respuesta válida a la opción “D.”, es decir “las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” -pues, aunque su naturaleza jurídica es distinta de las normas contenidas en un tratado- constituyen una fuente jurisprudencial tenida como obligatoria por la inmensa mayoría de los más destacados internacionalistas.

A la luz del fracaso, por inaplicable, del proceso de la prueba de conocimientos elaborada por la Comisión seleccionadora de candidatos para ser miembros de la Junta Nacional de Justicia, creemos de nuestra obligación –en armonía con los justos reclamos de la ciudadanía-  aportar nuestro punto de vista para contribuir a prevenir la repetición de yerros que dañan los esfuerzos de desarrollo institucional que el Perú viene realizando y que la ciudadanía reclama.

Lima, mayo 24 de 2019

Sociedad Peruana de Derecho Internacional


PRONUNCIAMIENTO COMPLEMENTARIO SOBRE EL PACTO MUNDIAL PARA LA MIGRACIÓN SEGURA, ORDENADA Y REGULAR

Escrito por spdi 21-12-2018 en Pronunciamiento. Comentarios (0)

PRONUNCIAMIENTO SPDI N° 009-2018

PRONUNCIAMIENTO COMPLEMENTARIO DE LA SPDI SOBRE EL PACTO MUNDIAL PARA LA MIGRACION SEGURA, ORDENADA Y REGULAR

Que, en los últimos días se ha suscitado cierta confusión respecto a si el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, adoptado el pasado 19 de diciembre en New York, constituye o no un tratado internacional.

Al respecto y como complemento a nuestro pronunciamiento SPDI N° 008-2018 del pasado 18 de diciembre, decimos lo siguiente:

Los tratados son acuerdos concertados -en cualquier forma o bajo cualquier denominación- siempre que supongan un acuerdo de voluntades entre sujetos de Derecho Internacional, regido por el Derecho Internacional. Asimismo, los tratados generan derechos y obligaciones vinculantes, que no es del presente caso.

El referido Pacto, en el punto 7 del Preámbulo, es esclarecedor y señala lo siguiente:

“Este Pacto Mundial presenta un marco de cooperación no vinculante jurídicamente que se basa en los compromisos acordados por los Estados Miembros en la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes. Fomenta la cooperación internacional entre todos los actores relevantes en materia de migración, reconociendo que ningún Estado puede abordar la migración por sí solo y respalda la soberanía de los Estados y sus obligaciones en virtud del derecho internacional”. [El resaltado en negrita es nuestro].

Por tanto, este Pacto -aprobado mediante una Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas N° A/RES/73/195 del 19 de diciembre de 2018- al no generar derechos y obligaciones jurídicas, no constituye un tratado internacional y, por ende, no requiere ratificación ni congresal o del ejecutivo.

Lima, 21 de diciembre de 2018





PRONUNCIAMIENTO DE LA SPDI SOBRE EL PACTO MUNDIAL PARA LA MIGRACIÓN SEGURA, ORDENADA Y REGULAR

Escrito por spdi 18-12-2018 en Pronunciamiento. Comentarios (0)

PRONUNCIAMIENTO SPDI N° 008-2018

PRONUNCIAMIENTO DE LA SPDI SOBRE EL PACTO MUNDIAL PARA LA MIGRACIÓN SEGURA, ORDENADA Y REGULAR

El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular fue adoptado el lunes 10 de diciembre de 2018 por representantes de 164 gobiernos en la ciudad de Marrakech, en Marruecos.

Entre los países firmantes está el Perú y el próximo miércoles 19 de diciembre este Acuerdo será sometido a una última votación de ratificación en la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, contiene 23 objetivos que representan todas las garantías para que el migrante no se sienta distinto del nacional del país receptor. Entendemos que el Perú coincide con las conclusiones de la Declaración de Lima de la VIII Reunión Iberoamericana de Autoridades Migratorias, del pasado 24 de noviembre, en el sentido que los fenómenos migratorios masivos deben abordarse con un enfoque humanitario; empero creemos también que esto debe ir acompañado con una sensata y planificada política de seguridad, sobre todo en circunstancias de posibles amenazas como el fenómeno del niño (80% de probabilidad), movimientos sísmicos, entre otros.

El Perú apoyó dicho Pacto, que si bien no es vinculante, proporciona directrices y principios que obligan moral y políticamente al Estado. Es cierto que hay más de 3 millones de peruanos en el exterior que remesan alrededor de tres mil millones de dólares anuales; pero también es válido que países donde hay gran número de connacionales no han apoyado el Pacto, como son los casos de EEUU, Chile e Italia. En adición, Brasil anunció que se desvinculará en enero.

Consideramos que el Perú debe afinar sus políticas públicas y de seguridad para una cabal migración. Se calcula que en pocos meses la cifra solamente de inmigrantes venezolanos al Perú, llegará al millón. Por tanto, esperamos del Gobierno peruano un realista análisis costo-beneficio respecto a la ratificación de apoyo al citado Pacto, que sin duda refleje la vocación solidaria y humanitaria del país y sus pobladores, pero que debe a su vez confrontarse con nuestra capacidad logística y financiera (salud, educación, vivienda, empleo, etc.) para recepcionar masivas migraciones.

Lima, 18 de diciembre de 2018


PRONUNCIAMIENTO DE LA SPDI: EN EL PERU EXISTE UN ESTADO DE DERECHO SIN NINGUN TIPO DE PERSECUCIONES POLITICAS

Escrito por spdi 18-11-2018 en Pronunciamiento. Comentarios (0)

PRONUNCIAMIENTO SPDI N° 007/2018

LA SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO INTERNACIONAL AFIRMA QUE EN EL PERU EXISTE UN ESTADO DE DERECHO SIN NINGUN TIPO DE PERSECUCIONES POLITICAS

Que habiendo tomado conocimiento, mediante Comunicado de Prensa 024-18 de la Cancillería peruana, que el ex presidente Alan García Pérez se encuentra en la Embajada del Uruguay a la cual solicita asilo “conforme a lo dispuesto por la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la cual son parte el Perú y Uruguay”, es deber de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, afirmar lo siguiente:

Que en el Perú existe un pleno Estado de Derecho, donde no hay persecuciones ni políticas, ni religiosas, ni de ningún tipo.

Que el artículo I de referida Convención sobre Asilo Diplomático, establece que el asilo solo se concede a personas perseguidas por motivos o delitos políticos, que no es el caso del ex presidente García.

Cabe informar que el día de ayer sábado, el juez Juan Sánchez Balbuena ordenó el impedimento de salida del país por 18 meses contra Alan García con el fin de garantizar su participación en las diligencias de la investigación que se le sigue por presuntas irregularidades en la licitación de la Línea 1 del Metro de Lima. El representante del Ministerio Público aseguró en su sustentación que la constructora brasileña Odebrecht ha presentado nuevos documentos en los que reconoce el pago de US$100 mil a Alan García a través de su división de operaciones estructuradas por una conferencia que dictó en Brasil en el 2012.

Que en el marco del Estado de Derecho que se vive en el Perú, está vigente la separación de poderes donde el Poder Judicial tiene las garantías de autonomía e independencia, y prueba de ello está en el hecho que así como se investiga a Alan García, también se viene procesando a otros ex mandatarios peruanos incluyendo al líder del partido de gobierno actual.

Asimismo, el artículo III de la referida Convención señala que no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes.

Por lo expuesto, instamos al gobierno del Uruguay a aplicar correctamente la Convención, sin desnaturalizarla y así no se genere un mal precedente respecto a la esencia del derecho de asilo.

Finalmente, destacamos la convicción continental y mundial de luchar contra el flagelo de la corrupción, plasmada en sendos compromisos como son la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2004), la Convención Interamericana contra la Corrupción (1997) y el Compromiso de Lima “Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción” de la Cumbre de las Américas (2018).

Lima, 18 de noviembre de 2018