Blog de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional - SPDI

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Gravitante adhesión del Perú al Tratado de Amistad y Cooperación del Sudeste Asiático

Escrito por spdi 08-08-2019 en peru. Comentarios (0)

En la 52° Reunión de Cancilleres de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, en Bangkok, Tailandia, el Viceministro Jaime Pomareda suscribió, el Instrumento de Adhesión del Perú al Tratado de Amistad y Cooperación del Sudeste Asiático (TAC), busca facilitar la colaboración en temas económicos y comerciales, inversiones en ciencia y tecnología, protección medioambiental, la gestión de desastres naturales y la lucha contra el cambio climático, entre otros. Sin duda, consolida nuestra presencia en una región con economías altamente dinámicas.

La ceremonia de suscripción estuvo presidida por el Ministro de Relaciones Exteriores de Tailandia, país que ejerce la presidencia de ASEAN durante 2019, y en ella participaron también los Cancilleres de los demás Estados Miembros -Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Lao, Malasia, Myanmar, Singapur y Vietnam-. Este bloque de 560 millones de habitantes, representa el 11% del PIB de Asia-Pacífico, el 24% de sus exportaciones, el 23% de sus importaciones y el 17% de su población, según fuentes del BM y FMI.

Desde el punto de vista político, su importancia radica en el papel que juega como articulador del diálogo y la integración en el Asia- Pacífico a través de iniciativas como:

·  ASEAN + 3, que incluye a China, Japón y la República de Corea.

·  ASEAN + 6, que incluye a China, Japón, la República de Corea, India, Australia y Nueva Zelanda.

·  La Cumbre de Asia del Este, incluye a China, Japón, la República de Corea, EEUU, India, Rusia, Australia y Nueva Zelanda.

·  El Foro Regional ASEAN (ARF, por sus siglas en inglés), que está conformado por los 10 países de ASEAN junto con China, Japón, EEUU, India, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Rusia, la Unión Europea, la República Democrática Popular de Corea, la República de Corea, Mongolia, Bangladesh, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Sri Lanka y Timor Leste.

Los principales objetivos de la ASEAN , como son conocidos, son acelerar el crecimiento económico y fomentar la paz y la estabilidad regional, por lo que ha establecido un foro conjunto con Japón, donde sostiene un acuerdo de cooperación con la Unión Europea (UE), y ha iniciado conversaciones para la cooperación comercial oficial con la Unión Económica Euroasiática (UEE). Asimismo, ha creado el Foro Regional de la ASEAN, sobre cuestiones políticas y de seguridad, en el que participan numerosas potencias como la República Popular China, Estados Unidos, Japón, Rusia y la Unión Europea.

Siete de los miembros de esta importante “bloque” pertenecen al Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico – APEC. Es evidente que nuestra incorporación a APEC, viene dando resultados positivos para nuestro desarrollo económico. Es el mercado más importante para las exportaciones peruanas (62% del total) y teniendo en cuenta que, en el 2018, las mismas que bordearon los 30,000 millones de dólares, una cifra récord, la adhesión al mencionado TAC, es un paso que contribuirá al fortalecimiento de nuestra asociación con la Asean y en general con el Asia- Pacífico.

Nos hemos convertido en el miembro número 38ª de este valioso instrumento, destacando que uno de los objetivos de la política exterior del Perú y por consiguiente de la diplomacia visionaria de Torre Tagle,  es el reforzamiento de los vínculos con el Asia en general, buscando tener mayor presencia en foros y organizaciones, tales como la Alianza de Pacifico, el Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este (FOCALAE), El Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico (PBEC), el Pacific Economic Cooperation Council (PECC), entre otros.


El Consejo Directivo y la Comisión de la Revista de la SPDI sostuvieron una reunión con el Embajador de Venezuela, Carlos Scull

Escrito por spdi 31-07-2019 en Venezuela. Comentarios (0)

El último martes 23 de julio, el Consejo Directivo y la Comisión de la Revista de la SPDI, sostuvieron una reunión con el Embajador de Venezuela en el Perú, Carlos Scull, en la cual se trataron temas relacionados con la situación política y económica de Venezuela, así como temas de derechos humanos y de represión, así como los factores internacionales alrededor de problema, como el papel desempeñado especialmente por el Grupo de Lima, entre otros actores del sistema internacional.

Cabe indicar que existe un estrecho vínculo del Embajador Scull con el Perú, ya que es hijo de padre venezolano y madre peruana.

Finalmente, se compartió un almuerzo de confraternidad.



Revista Peruana de Derecho Internacional - RPDI refuerza presencia en Biblioteca de las Naciones Unidas (Ginebra)

Escrito por spdi 25-07-2019 en RPDI. Comentarios (0)

La presencia de la Revista Peruana de Derecho Internacional - RPDI en la Biblioteca de las Naciones Unidas (Ginebra), se ha visto reforzada con la visita y gestión del Coordinador General de la SPDI, Mg. Alexander Antialón Conde.

El citado Coordinador ahora estará en contacto directo con la Jefa de Asistencia de Investigación de dicha Biblioteca, para que así la RPDI pueda tener una presencia constante e importante.

De este modo, todos podrán tener acceso a nuestra revista impresa, en especial, los miembros de la Comisión de Derecho Internacional; funcionarios investigadores de todas la áreas de la ONU; profesores e investigadores de las universidades y centros de estudios; funcionarios de los organismos internacionales y ONGs; así como el público en general.

Ginebra, 25 de julio 2019


Sensible fallecimiento del Embajador Jorge Chávez Soto, Miembro Titular de la SPDI

Escrito por spdi 24-07-2019 en Jorge Chávez Soto. Comentarios (0)

(Callao, 4 de marzo 1938 – Lima, 16 de julio de 2019)

La Sociedad Peruana de Derecho Internacional - SPDI lamenta el sensible fallecimiento del Embajador Jorge Chávez Soto, quien fuera distinguido Miembro Titular de la SDPI.

El Embajador Jorge Chávez Soto, fue un destacado jurista y diplomático, Co-Agente de la Delegación peruana ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en el caso sobre delimitación marítima entre el Perú y Chile. Especialista en Derecho del Mar fue una de las personalidades más versadas en dicha temática.

Jurista formado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como por la Academia Diplomática del Perú. Se desempeñó en diversos cargos, entre ellos, el de Primer Secretario de la Dirección de Organismos y Conferencias Internacionales (1971), Director de la Dirección de Soberanía Marítima y Aérea (1978-1982), Subsecretario Adjunto de Política Multilateral (1986), Asesor de la Alta Dirección para Asuntos del Mar y Antártida (1987), Asesor para Asuntos Marítimos y Antárticos de la Asesoría Técnica de la Alta Dirección (1998), Asesor de la Alta Dirección para Asuntos Marítimos y Antárticos de la Dirección Nacional de Desarrollo Fronterizo y Límites (2001), Asesor del señor Ministro de Relaciones Exteriores en Tema del Derecho del Mar (2003) y Designado como Co-Agente de la Delegación peruana ante la Corte Internacional de Justicia en el caso sobre delimitación marítima entre el Perú y Chile (2008). Contribuyó significativamente en la elaboración de la Ley de Líneas de Base sobre Jurisdicción Marítima y brindó su valioso consejo en la preparación de la demanda peruana ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el caso sobre delimitación marítima entre el Perú y Chile.

Asimismo, en el exterior ejerció la función de Vice-Cónsul del Perú en Guayaquil, Ecuador (1967-1971), Primer Secretario de la Embajada del Perú en Japón (1972), Primer Secretario y Consejero de la Representación Permanente del Perú ante los Organismos de las Naciones Unidas, Nueva York, Estados Unidos de América (1975- 1976), Ministro de la Embajada del Perú en Corea (1982), Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú ante la República de Corea (1983-1985), Embajador, Cónsul General del Perú en Toronto, Canadá (1989), Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú en la República de Filipinas (2002) y Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú en la República de Polonia y Embajador Concurrente en Ucrania, con residencia en Varsovia, Polonia (2007).

El Embajador Jorge Chávez Soto fue designado Miembro Asociado de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional – SPDI, el 15 de junio de 1988 y promovido a la categoría de Miembro Titular el 4 de junio de 2004. Como miembro de la SPDI publicó en la Revista Peruana de Derecho Internacional diversos artículos sobre Derecho del Mar y Jurisdicción Marítima cuya erudición sobre dicha temática era respetada nacional e internacionalmente.

Finalmente, compartimos una de sus últimas entrevistas, brindada a la SPDI, en enero del año en curso, con motivo del quinto aniversario del fallo de la CIJ en el contencioso marítimo entre el Perú y Chile: https://www.youtube.com/watch?v=cumulhGVZ0I&t=16s


Lima, 23 de julio de 2019.



Comunicado de la SPDI sobre el Dictamen de Ley que interpreta el artículo 71° de la Constitución

Escrito por spdi 04-07-2019 en Pronunciamiento. Comentarios (0)


Invita a la reflexión y análisis el hecho que la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Congreso aprobara un dictamen de ley que “interpreta” el artículo 71° de la Carta Magna, cuando este artículo, de por sí, es muy claro.

El artículo 71° de la CPP establece: “En cuanto a la propiedad, los extranjeros, sean personas naturales o jurídicas, están en la misma condición que los peruanos, sin que, en caso alguno, puedan invocar excepción ni protección diplomática. Sin embargo, dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho así adquirido. Se exceptúa el caso de necesidad pública expresamente declarada por decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros conforme a ley”.

Con ese dictamen del Legislativo, se interpreta que la prohibición de adquirir o poseer tierras en dichas zonas “se refiere a tierras rurales, dedicadas a la agricultura, ganadería, minería u otros usos de calificación distinta a las zonas urbanas”. Con esa redacción diferenciadora entre tierras rurales y tierras urbanas, permite que las áreas urbanas ubicadas dentro de los cincuenta kilómetros de las fronteras “sí pueden ser materia de propiedad, posesión o de inversión por extranjeros, sean personas naturales o jurídicas”.

Asimismo, es relevante recordar que en el 2009 el Tribunal Constitucional se pronunció sobre el particular: “… este Colegiado determina que del tenor de la disposición constitucional se desprende que la prohibición comprende cualquier predio, tanto predios rurales como urbanos. Esto es así por cuanto: (i) La preservación del bien constitucional Seguridad Nacional (artículo 44° de la Constitución) exige tomar en cuenta que las zonas de frontera son las más susceptibles de ser afectadas por una invasión extranjera, la cual podría ser realizada de modo indirecto mediante la adquisición de terrenos en la zona por parte de extranjeros, en atención a lo cual requieren de una protección especial. Así, se justifica la restricción del derecho de propiedad a favor de la optimización de otro bien jurídico de relevancia constitucional, como lo es la Seguridad Nacional, que está directamente relacionada con la preservación de la soberanía del Estado…”.

De modo que nuestra Carta Magna prevé -en base a las experiencias bélicas vividas en los siglos XIX y XX- que en caso de un conflicto fronterizo, la faja de frontera esté bajo total e irrestricto control nacional sin que, eventualmente, los extranjeros (sean personas naturales o jurídicas) asentados en zonas de frontera, puedan hacer daño al Perú tolerando al enemigo, permitiendo el espionaje o participando de la agresión, fundamentándose en los derechos adquiridos en tales zonas.

Es claro que nuestra Constitución no hace distinción entre tierras urbanas y tierras rurales, tal como se propone en el Dictamen del Legislativo. Plantear esa diferenciación sería contraria a la racionalidad de la exégesis jurídica de la Carta Magna. No puede distinguirse donde la ley (en este caso, la Constitución) no diferencia. Mediante esa iniciativa legislativa, no puede, pues, recortarse el alcance de una prohibición establecida en la Constitución.

Lima, 2 de julio de 2019

(Imagen de: https://peru21.pe/politica/controversia-frontera-chile-proyecto-90043 )